Michele Caianiello | Laura Bartoli | Marianna Biral | Cosimo Emanuele Gatto | Giulia Lasagni | Vanessa Maraldi | Irene Milazzo | Isadora Neroni Rezende | Antonio Pugliese | Alessandra Santangelo
El proyecto de investigación Cross-Justice
Relacionar las ideas sobre proceso penal y derecho penal material ofrece un panorama interesante y no debidamente explorado. Es factible que la idea de que el derecho procesal penal es un mero instrumento de la realización del derecho penal material deba ser revisada. Hay buenas razones para pensar que la evolución de la dogmática penal y de su sistema de teoría del delito se ha guiado sino en forma exclusiva sí en forma relevante por la necesidad de facilitar el logro de cierto estándar de prueba en el sistema de enjuiciamiento. Los sucesivos cambios en las visiones que ha tenido la ciencia penal sobre concepto como Dolo, Autoría, límites de la omisión, crisis de la causalidad y desarrollo de la imputación objetiva, y algunos otros, han tenido como consecuencia difícilmente casual un facilitamiento de la demostración procesal. Si este diagnóstico fuera correcto, se abre un interesante debate sobre el sostén ético de esa evolución.
Observaciones sobre la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía integral de la libertad sexual
Workshop organizado por el Max Planck Institute, 13 de septiembre de 2022
Centro Residencial Universitario Bertinoro, 9 y 10 de septiembre de 2022
Reseña a Stuart P. Green. Criminalizing Sex: A Unified Liberal Theory, Oxford University Press, New York, 2020, 400 p.
El presente trabajo tiene por objeto analizar una eventual consagración expresa del principio de ofensividad en la futura Constitución chilena. Para ello, comienza examinando los antecedentes, sentido y consagración de dicho principio. Luego, aborda su relación con otras máximas limitadoras del ius puniendi, así como la importancia de su regulación en tanto principio autónomo. Asimismo, el texto se refiere al principio de ofensividad como base de una adecuada técnica legislativa en materia penal. El artículo concluye que una regulación expresa de dicha máxima en la nueva Constitución chilena, mediante una formulación directa y clara, supondría un gran avance, entre otras cosas por su carácter de límite para el actuar del legislador y del juez en el ámbito punitivo.