El presente comentario tiene por objeto abordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional chileno, en la cual declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una pena privativa de libertad de 61 días a 3 años, por ser contraria al principio de proporcionalidad, prevista en el artículo 318 del Código Penal, delito que sanciona a quien, en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas sanitarias publicadas por la autoridad.

La disposición en cuestión ya había sido objeto de comentario en esta Revista por el Prof. Fernando Londoño Martínez, en un aporte titulado “¿Responsabilidad penal para los infractores de la cuarentena? Revisión crítica de los arts. 318 y 318 bis del Código Penal (nueva ley no 21.240): más micro que macro...”, a lo que la propia Corte Constitucional chilena hace referencia expresa.

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