En el ámbito del provechoso “dialogo entre las cortes” Y del así llamado constitucionalismo multinivel, la sentencia de la Corte Constitucional n. 24/2019, en el marco de las indicaciones de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos “De Tommaso”, ha declarado la inconstitucionalidad de la categoría de destinatarios señalado en el artículo 1, inciso primero, letra a) del Decreto Legislativo 159/2011 (“aquellos que deban ser considerados, sobre la base de elementos fácticos, como habitualmente dedicados a tráficos criminales”), no obstante el esfuerzo interpretativo taxativizante ofrecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema. La Corte Constitucional, además, discute la falta de razonabilidad de esta regla, en el sentido de que la genérica referencia a tráficos criminales no sería idónea para fundar la presunción de enriquecimiento ilícito sobre la cual se fundan tales medidas patrimoniales. La Corte Constitucional considera compatible con el principio la hipótesis de genérica peligrosidad del artículo 4, inciso primero, letra b, ofreciendo una interpretación que es el resultado de una problemática operación de ortopedia jurídica, en busca de un difícil equilibrio entre las garantías del Estado de Derecho, por una parte, y la eficiencia de las medidas de prevención, por la otra. El presente artículo critica abiertamente la sentencia de la Corte Constitucional en la parte en que ésta atribuye una naturaleza meramente compensatoria a la confisca de prevención, con el evidente objetivo de negar su naturaleza sustancialmente punitiva y sustraerla, por consiguiente, del estatuto constitucional y convencional de las penas, o, en otros términos, de su naturaleza penal, en el amplio sentido reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos
La sentenza della CEDU De Tommaso c. Italia ha finalmente aperto un varco nell’asfittica disciplina delle misure di prevenzione personali, giudicando contrastanti con l’art. 2, Protocollo 4 add. CEDU le c.d. fattispecie di pericolosità generica in ragione della loro assoluta indeterminatezza. Fino a questo momento gli effetti di questa decisione si sono propagati sulle misure di prevenzione patrimoniali basate sugli stessi imprecisi indici; all’orizzonte si profila, ora, la loro possibile estensione anche al campo attiguo delle interdittive antimafia. Più precisamente, sulla scorta di questa decisione di Strasburgo, potrebbe essere posta una questione di legittimità costituzionale dell’interdittiva c.d. generica contemplata dall’art. 84, comma 4 lett. d) ed e) d.lgs. 159/2011 per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 add. CEDU: i presupposti applicativi che in questo caso legittimano la limitazione del diritto di proprietà sono, infatti, ancor più vaghi di quelli delle ipotesi di pericolosità generica, consistendo unicamente negli “accertamenti disposti dal Prefetto”.