They also acknowledged, for the first time, that the grounds for torturing Abu Zubaydah - the Saudi Arabian citizen detained in the wake of September 11, still languishing in Guantánamo - were mistaken
El presente artículo se centra en el creciente papel de los tribunales ordinarios en la aplicación del Derecho de la UE. Desde las sentencias Simmenthal y Costa c. E.N.E.L., estos tribunales están llamados a dejar sin aplicación cualquier disposición doméstica que resulte en contradicción con las disposiciones directamente aplicables de la UE. Sin embargo, estas obligaciones pueden resultar problemáticas en casos penales. Recientemente, el asunto Taricco ha vuelto a poner esta cuestión en el punto de mira, evidenciando que la eliminación de contradicciones entre el Derecho doméstico y el Derecho de la UE puede dar lugar a la violación de principios constitucionales del Derecho penal. Al mismo tiempo, el caso Taricco cuestiona la relación entre la primacía del Derecho de la UE y el nivel nacional de la protección de los derechos fundamentales, cuestión que debe ser abordada a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional italiano de 31 de mayo de 2018.
Esta entrada reproduce la charla (ya publicada en la pagina official de la Corte constitucional italiana, en https://www.cortecostituzionale.it/documenti/varie/albi/vigano_albi.pdf) de Francesco Viganò en el encuentro cuadrilateral del Conseil Constitutionnel francés con las cortes constitucionales de Italia, España y Portugal.
El presente texto recorre las principales sentencias en materia constitucional-penal del juez de la Corte Suprema estadounidense Anthony Kennedy (en el cargo desde 1988 a 2018). El peculiar rol de juez “balanza” entre conservadores y progresistas ha significado que sus posiciones dinámicas-evolutivas en la interpretación de algunas cláusulas constitucionales (como la prohibición de sanciones crueles, contemplada en la Enmienda V, o el debido proceso, contenida en las Enmiendas V y XIV) hayan marcado las decisiones de la Corte, reforzando las garantías constitucionales en determinados sectores del derecho penal (sancionatorio y penitenciario, particularmente). Su sustitución por el juez Kavanaugh, y la consolidación de una mayoría conservadora -se concluye- podría poner en discusión varios de los resultados alcanzados hasta ahora, pudiendo incluso afectar los principios fundamentales de dignidad, humanidad y civilidad
Primer comentario a la resolución n. 207 de 2018, en virtud de la cual la Corte Constitucional italiana, con el objetivo de permitir una apropiada intervención legislativa por parte del Parlamento, envía a éste las cuestiones de constitucionalidad planteadas a propósito del artículo 580 del Código Penal italiano (que sanciona el auxilio al suicidio). El texto se puede leer también en www.diritticomparati.it
La remisión de la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional por parte de varios Estados americanos, partes del Estatuto de Roma el 27 de septiembre recién pasado, generó la atención de la prensa en nuestros países. El texto explica las limitadas consecuencias jurídicas efectivas de la sola remisión para el devenir del procedimiento; lo mismo que expone lo que los Estados efectivamente interesados en hacer funcionar el sistema de justicia penal internacional pueden hacer
Dos charlas de Sandra Babcock y Joe Margulies.
Esta breve contribución tiene por finalidad reflexionar sobre el clásico tema del rol y la legitimación de las Cortes de derechos, concepto que hace referencia a aquellos órganos que, con prescindencia de su carácter nacional o supranacional, tienen el poder de revisar, de manera vinculante, la conformidad del contenido de las decisiones adoptadas a través del proceso democrático respecto a un catálogo más o menos amplio de principios constitucionales o derechos fundamentales. La exacta identificación del rol de tales Cortes es claramente instrumental para resolver la cuestión de su legitimidad.
El rol central asignado por las Cortes europeas al juez penal en la resolución de los conflictos normativos que se generan en el contexto de la tutela multinivel de los derechos fundamentales constituye uno de los factores que está contribuyendo a la crisis de la separación de poderes. Un impulso en esta dirección fueron las sentencias en materia de desaplicación de la prescripción y de revocación de la condena por efecto del cambio jurisprudencial más favorable, las cuales motivaron a la Corte Constitucional a mostrar sus armas y a invocar expresamente el principio de la separación de poderes. Tal jurisprudencia constitucional, al circunscribir el rol del poder judicial, ofrece la ocasión para interrogarse sobre la potencialidad y límites del recurso a tal principio constitucional en relación a la tutela de los derechos fundamentales en materia penal.
Este working paper, presentado en un seminario sobre “Constitutional Criminal Law”, organizado por la Universidad de Toronto los días 14 y 15 de septiembre de 2018, por los profesores Malcolm Thornburn y Christoph Burchard, es una réplica a un reciente trabajo de Javier Wilenman, donde él argumenta, entre otros, que el control de constitucionalidad de las normas penales es en general ineficaz y, cuando es ejercitado por las cortes, es incluso contraproducente. En el presente trabajo se sostiene, en cambio, que i) el control judicial de la legislación penal puede ser eficaz y, en muchos casos, ha sido históricamente eficaz; y que ii) desde el punto de vista institucional existen buenas razones para justificar, bajo ciertas condiciones, el ejercicio de tal control jurisdiccional.