Una breve presentación del libro
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 30 de noviembre de 2018, resuelve los recursos de apelación presentados por las defensas y las acusaciones sobre la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de marzo de 2018, en el caso de la agresión sexual colectiva cometida el 7 de julio de 2016, conocido socialmente como "el caso de la Manada": a la espera de que el Tribunal Supremo decida finalmente si hubo o no violación (las acusaciones ya han anunciado su recurso de casación), en este "segundo capítulo judicial del caso de la Manada", de los cinco magistrados que intervienen en la sentencia, tres de ellos afirman con rotundidad que hubo un delito de abusos sexual con prevalimiento, mientras los otros dos afirman con la misma rotundidad que hubo un delito de violación, apreciando así en el voto particular la intimidación ambiental que, desde el momento en el que se denunciaron los hechos, pusieron de manifiesto la defensa de la víctima y el movimiento feminista
Esta entrada reproduce la charla (ya publicada en la pagina official de la Corte constitucional italiana, en https://www.cortecostituzionale.it/documenti/varie/albi/vigano_albi.pdf) de Francesco Viganò en el encuentro cuadrilateral del Conseil Constitutionnel francés con las cortes constitucionales de Italia, España y Portugal.
El presente texto recorre las principales sentencias en materia constitucional-penal del juez de la Corte Suprema estadounidense Anthony Kennedy (en el cargo desde 1988 a 2018). El peculiar rol de juez “balanza” entre conservadores y progresistas ha significado que sus posiciones dinámicas-evolutivas en la interpretación de algunas cláusulas constitucionales (como la prohibición de sanciones crueles, contemplada en la Enmienda V, o el debido proceso, contenida en las Enmiendas V y XIV) hayan marcado las decisiones de la Corte, reforzando las garantías constitucionales en determinados sectores del derecho penal (sancionatorio y penitenciario, particularmente). Su sustitución por el juez Kavanaugh, y la consolidación de una mayoría conservadora -se concluye- podría poner en discusión varios de los resultados alcanzados hasta ahora, pudiendo incluso afectar los principios fundamentales de dignidad, humanidad y civilidad
Una breve presentación del libro
Durante los últimos veinte años, en Italia, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el instituto del decomiso de los bienes procedentes del delito se ha descompuesto en una miríada de instrumentos ablativos, con presupuestos y criterios rectores considerablemente heterogéneos. La lógica que inspira este proceso de diferenciación es la de la eficiencia y pone en peligro las garantías más básicas del Derecho penal y, más en general, del Estado de derecho
La reciente sentencia nº 115 de la Corte Constitucional italiana, además de plantear diversas cuestiones dogmáticas en relación a la posibilidad de desaplicar in malam partem la regulación nacional de los actos interruptivos del plazo de prescripción, ofrece la posibilidad de reflexionar, tanto a nivel interno como supranacional, sobre la posible evolución del principio de legalidad y, particularmente, del principio de determinación de la norma penal
Algunos días atrás la Corte Constitucional italiana anunció su primera decisión sobre suicidio asistido, en un caso referido a un activista de derechos humanos que había acompañado a un joven gravemente enfermo a una clínica suiza, lugar en que éste pudo acabar la vida. La Corte estimó que la legislación penal italiana vigente, que prevé una prohibición general de ayudar a alguien a cometer suicidio, es demasiado amplia respecto a (i) pacientes que padezcan una enfermedad incurable, (ii) que les produzca sufrimientos graves, y (iii) sean mantenidos en vida gracias a mecanismos de soporte vital, (iv) manteniendo al mismo tiempo su plena capacidad mental. Sin embargo, estimando necesaria una regulación legislativa de la materia, la Corte se abstuvo por el momento de una declaración de inconstitucionalidad de la disposición, y decidió aplazar la resolución del caso hasta el próximo año, brindando de esta forma, al parlamento, la oportunidad de establecer una regulación adecuada conforme a los principios establecidos en la decisión
La responsabilidad penal de las pequeñas personas jurídicas tiene sentido preventivo. Sus programas de cumplimiento penal son proporcionalmente más costosos que en las empresas medianas y grandes, cosa que puede ser combatida mediante acciones colectivas y programas informatizados
Laudatio pronunciada en el acto de entrega de la Medalla Cesare Beccaria de la Sociedad Internacional de Defensa Social, en Salamanca el 4 de octubre del 2018