La discusión respecto al estatus penal de la conducta de infracción de toque de queda y cuarentena en tiempos de Covid-19 se ha vuelto intensa en el Chile bajo pandemia. El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública han sostenido tesis contrapuestas y el asunto ha terminado por interesar al legislador, quien recientemente dictó una ley para “zanjar” la discusión (ley no 21.240 de 20 de junio). El autor ofrece aquí una síntesis del contexto, revisa críticamente los contenidos sustantivos de la nueva ley y ofrece propuestas de interpretación muy concretas (con esquemas de casos). La contribución sirve a la vez para recuperar el valor funcional del viejo y “denostado” art. 318 CP. En dos palabras: el legislador persevera en una perspectiva angosta del asunto (aquella centrada en la conducta de los ciudadanos), antes que atender al problema en su dimensión institucional.
Con la autorización del editorial Giuffrè Francis Lefebvre adelantamos los abstract en inglés de los trabajos publicados en el último número de la "Rivista italiana di diritto e procedura penale" (n. 1/2020)
El artículo hace un análisis de los principales factores que provocan la radicalización hacia el fundamentalismo yihadista desde una perspectiva socio-criminológica y geopolítica. Se examinará el concepto de radicalización y sus causas en su posible progresión hacia la violencia terrorista. En la conclusión del artículo se indicarán los defectos de las estrategias actuales de lucha contra la radicalización y el terrorismo y se esbozarán algunas posibles formas preventivas de solución.
Executive Order on Safe Policing for Safe Communities
Executive Order on Blocking Property Of Certain Persons Associated With The International Criminal Court (June, 11, 2020)
El presente trabajo analiza críticamente la Ley n° 21.240 de 20 de junio de 2020 por medio de la cual se introdujeron varias reformas al Código Penal de Chile en el contexto de la pandemia del covid-19. La crítica se concentra en los discursos asociados al origen de la reforma, así como especialmente al uso que se hace de la herramienta penal como una solución de panacea frente a problemas sociales complejos.
El presente trabajo aborda los problemas que se pueden generar en relación con los principios de legalidad e inmediación en el caso de que se disponga la celebración de la audiencia de juicio oral penal a través de plataformas de conexión remota. Este análisis se efectúa tomando como referencia la regulación contenida en el Código Procesal Penal chileno. En una segunda parte (por publicar) se tratarán otros problemas relacionados (principio de confrontación, control de la prueba, comunicación entre imputado y abogado defensor, publicidad e incidencia del acuerdo del imputado en la celebración de esta clase de juicios y la colisión con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable).
Datos sobre el presupuesto de la policía en doce jurisdicciones (Informe del Center for Popular Democracy)
El boletín considera el impacto del Covid-19 en los derechos fundamentales en importantes áreas de la vida diaria
El contagio del Covid-19 supone un riesgo real y serio para la salud y vida de las personas. Ante esta situación corresponde analizar la posibilidad de imputar penalmente la realización de una conducta de contagio cuando está demostrado su idoneidad para causar la muerte de una persona. Este trabajo contribuye a calificar jurídicamente el contagio de una enfermedad como el Covid-19 para lo cual recurre en buena medida al desarrollo de la teoría de la imputación objetiva.