Frente a lo que interpreta contra legem la Fiscalía General del Estado, el órgano de supervisión al que alude el artículo 31 bis 2.2° del Código Penal español es un órgano distinto al compliance officer. Siguiendo el modelo italiano, lo instituye específicamente el legislador para el control de los administradores y altos directivos, por la desconfianza que genera la existencia de un eficaz autocontrol de los mismos
Este paper tiene por finalidad analizar la corrupción como fenómeno internacional, el cual se extiende por varios países y afecta la transparencia y la legalidad de la Administración Pública. En particular, se intenta dilucidar la forma y la percepción de las prácticas de cohecho en Italia, de acuerdo a las estadísticas judiciales y al índice de percepción, así como analizar la eficiencia de las medidas preventivas y las fortalezas y las debilidades de las actuales estrategias represivas
Acreditar el nexo de causalidad entre la exposición a sustancias tóxicas y enfermedades con extensos periodos de latencia es a menudo particularmente difícil. Lo anterior puede apreciarse con claridad en la experiencia estadounidense en materia de responsabilidad civil por sustancias tóxicas, así también como en los procesos penales italianos por enfermedades relacionadas con el trabajo o la contaminación. Luego de resumir los principales problemas que rodean la prueba de la causalidad en los casos de sustancias tóxicas, el presente trabajo aborda la cuestión de si es posible valorar los estudios epistemológicos - principal prueba científica en este tipo de procedimientos - de una forma diversa, más eficaz, a lo que ha sido hasta ahora
Laudatio pronunciada en el acto de entrega de la Medalla Cesare Beccaria de la Sociedad Internacional de Defensa Social, en Salamanca el 4 de octubre del 2018
Al inicio de una nueva aventura, algunas palabras introductorias a Criminal Justice Network
Texto del discurso pronunciado por el Presidente de la Autoridad italiana anticorrupción el 13 de septiembre de 2018 en la Universidad Austral de Buenos Aires durante el congreso “La política criminal frente al fenómeno de la corrupción”.
Un tema importante en la ciencia forense es entender si el método científico se ha aplicado de manera confiable a los hechos. En 2017, un Tribunal de Apelaciones de North Carolina tomó una decisión particular: el Tribunal consideró que era un error admitir las huellas dactilares como evidencia en un proceso penal. Veintiséis analistas forenses, estadísticos e investigadores han firmado un amicus curiae, pidiendo un examen más profundo en relación con el uso confiable de huellas dactilares y otra evidencia científica. El objetivo era señalar al Tribunal Supremo del Estado que solo el trabajo de los expertos, aplicado de manera confiable a los hechos, debería admitirse en el juicio. El artículo describe cómo condenas erróneas pueden ser pronunciadas cuando los métodos forenses estén mal aplicados a los casos penales. El viernes 21 de septiembre de 2018, la Corte Suprema del Estado rechazó la revisión.
El caso de La Manada, cuya sentencia está aún pendiente de recurso y que ha merecido reflexiones de ilustres colegas en este blog, ha puesto sobre la mesa la cuestión de la reforma de los delitos contra la libertad sexual. En esta entrada opino sobre las reformas que me parecen sensatas y las que no. En el grupo de las deseables incluyo la supresión o la ampliación del concepto de violación y la tipificación de ciertos casos de agresiones y abusos imprudentes. Me parecen, en cambio, propuestas inoportunas la de unificar tipos penales de desvalor diferente, elevar las penas, ampliar el abuso por prevalimiento o prescindir de la ausencia inequívoca de consentimiento válido.
Evidencia empírica disponible muestra que la etapa de preparación de juicio oral (etapa intermedia) en el proceso penal chileno no ha cumplido en la práctica con el rol de constituirse en una instancia seria de control de admisibilidad probatoria asignado por el legislador. De esta forma, hay indicios que evidencia de baja calidad es admitida a juicio sin cuestionamientos. En este texto se reflexiona sobre las razones que pueden explicar este fenómeno y se formula un llamado a colegas de otros países a pensar sobre su propia realidad en la materia. Todo apuntando a buscar soluciones a este fenómeno.
En este comentario a la STS de 28 de junio de 2018 se someten a examen crítico las más recientes consideraciones vertidas por la Sala II acerca de la importancia de que las empresas españolas integren en su seno medidas efectivas para combatir la criminalidad corporativa, identificadas usualmente con la expresión “programa de cumplimiento”.