La reforma del Código Penal operada en 2015 incluyó la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran quedar exentas de responsabilidad penal de haberse dotado de un plan de prevención de delitos (criminal compliance program) conforme a las condiciones y requisitos que marcan los arts. 31 bis 2 a 5 CP. Las principales discusiones en torno a estos mecanismos de control se han suscitado en el plano sustantivo, sin embargo, creemos que las connotaciones procesales que presentan los compliances son, si cabe, de mayor enjundia, pues, al fin y al cabo, de lo que se trata es de saber cómo tienen que ser acreditados en un proceso penal y a quién corresponde dicha carga. Con todo, no es éste el único aspecto procesal que plantean los modelos de organización y gestión, de ahí que también se trate en este trabajo su papel en el sobreseimiento de la causa, en el momento de adopción de medidas cautelares, así como en el del acuerdo de conformidad.
El presente trabajo aborda el fenómeno de los sistemas sancionatorios de doble vía en relación a las personas jurídicas desde la perspectiva del ne bis in idem europeo. Tomando como punto de partida los modelos sancionatorios adoptados en materia de abuso de mercado y delitos tributarios, a continuación se desarrolla una reflexión inspirada en los parámetros del test de conexión de matriz europea.
La incorporación de los delitos fiscales en el Decreto Legislativo 231/2001 como resultado de la Ley 157/2019, ahora seguida por el Decreto Legislativo 75/2020, constituye una respuesta tardía a la tendencia que hasta ahora ha promovido distorsiones interpretativas en malam partem. Considerado globalmente, el sistema parece ya ofrecer remedios, en términos de proporcionalidad, a posibles colisiones con el ne bis in idem, sobre la base de un enfoque puramente fáctico y de los criterios jurisprudenciales de conexión sustancial y procesal, con especial atención. a la regulación del pago de la deuda tributaria. Con todo, si bien la intervención legislativa parece a veces incompleta e ambigua, al mismo tiempo ofrece la oportunidad para iniciar una revitalización jurisprudencial decisiva en términos de delegación de funciones
Con el decreto ley n. 124/2019, convertido por la ley n. 157/2019, el legislador ha realizado cambios significativos al sistema de delitos tributarios, entre los cuales se encuentra la expansión del comiso extendido, prevista por el art. 240 bis del Código Penal italiano, a algunos delitos fiscales y su inserción en el Decreto Legislativo 231/2001. El trabajo tiene como objetivo evidenciar, por un lado, cuáles son los costos (re)organizativos de las empresas, en términos de actualización de los modelos organizacionales, y, por otro lado, los perfiles relevantes de inconsistencia sistemática que afectan la complicada trama de relaciones. entre la responsabilidad de la persona física y la de la entidad.
La pandemia causada por la difusión del virus SARS-CoV-2 ha tenido impacto en todos los ámbitos de la vida social. En el aluvión de normas anti-contagio emanadas a nivel estatal y local, las normas relativas a los protocolos de control del riesgo en los lugares de trabajo ocupan un lugar preferente. El presente artículo busca resolver, en primer lugar, las dudas y contradicciones existentes en la relación entre, por una parte, las normas de combate del Covid-19 en el ámbito del trabajo y, por la otra, el sistema de protección de la salud y seguridad del trabajo, contenidas en el Decreto Legislativo n. 81/2008, proponiendo una interpretación sistemática. Posteriormente, se analizan las posibles cuestiones de responsabilidad penal individual y de la persona jurídica, destacando, entre otros, los límites de funcionalidad del delito culposo en la dinámica etiológica de lesiones o muertes producto del contagio, así como el fundamento y los límites del nuevo artículo 29 bis del Decreto Legislativo n. 23/2020, convalidado por la Ley n. 40/2020. Sin perjuicio de que la convulsionada producción normativos de estos meses tiende a parecer excéntrica y condicionada por la emergencia, ella podría preanunciar algunos futuros desarrollos de nuestro derecho penal sobre la seguridad del trabajo.