La implementación italiana de las directivas de la UE sobre garantías procesales para personas acusadas en procesos penales

El proyecto de investigación Cross-Justice

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Este ensayo se desarrolló durante un proyecto de investigación de 30 meses, financiado por la Comisión Europea - CrossJustice (https://site.unibo.it/cross-justice/en) y realizado bajo la supervisión de la Universidad de Bolonia. El objetivo del proyecto fue verificar el nivel de aplicación de las seis directivas sobre los derechos de los acusados, adoptadas desde 2009 dentro del Programa de Estocolmo. La investigación examinó críticamente los derechos del acusado reconocidos y protegidos por la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción; la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a información; la Directiva 2013/48/UE, sobre el derecho de acceso a un abogado y el derecho a la información de terceros; Directiva 2016/343/UE, de 9 de marzo de 2016, sobre la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; Directiva 2016/800/UE, relativa a las garantías procesales de los menores acusados; Directiva 2016/1919/UE, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita.

Los investigadores implicados combinaron dos metodologías diferentes, examinando la cuestión tanto desde una perspectiva tradicional, llevada a cabo por estudiosos especializados en derecho de la UE y derecho procesal penal nacional, como desde un nuevo análisis computacional. Dentro de este último enfoque, la investigación desarrolló una plataforma de inteligencia artificial semiautomatizada, para resaltar de mejor manera las lagunas descubiertas en los textos normativos y mejorar el análisis comparativo entre sistemas jurídicos (https://www.crossjustice.eu/en/index.html#crossjustice-platform)

Esta contribución se centra -adoptando un método tradicional- en el modo en que el legislador italiano ha transpuesto y aplicado las citadas directivas, tanto en lo que se refiere a las disposiciones reglamentarias como a la interpretación judicial de los tribunales superiores del sistema. De hecho, mientras que el acervo de la UE establece unas normas mínimas comunes en materia de derechos procesales penales, la necesidad de promover su aplicación efectiva y coherente sigue siendo especialmente acuciante debido a la fuerte fragmentación de la legislación nacional, así como de la jurisprudencia correspondiente. En términos generales, el panorama que se perfila muestra algunos puntos fuertes del sistema italiano, con especial referencia al derecho a un abogado defensor, al derecho a la información y a la divulgación (y, de manera menos uniforme, a las normas de exclusión probatoria cuando se trata de proteger el incumplimiento de las garantías de la defensa).

Sin embargo, hay también algunos puntos críticos, a menudo relacionados con la práctica (por ejemplo, la necesaria formación que deben recibir los defensores de los acusados vulnerables, la asistencia jurídica, la calidad y eficacia del derecho a un intérprete y la tradición de los actos).

Este análisis del sistema italiano, junto con el desarrollado para los otros 10 Estados miembros de la UE que participan en el proyecto (Alemania, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia) y los resultados del análisis semántico de los textos jurídicos, basados en técnicas de Inteligencia Artificial, permitieron desarrollar una investigación innovadora en cuanto a métodos y contenidos, que, además de la plataforma Crossjustice, también ha sido publicada recientemente en un volumen editado por Brill (Giuseppe Contissa, Giulia Lasagni, Michele Caianiello, Giovanni Sartor (eds. ), Protección efectiva de los derechos de los acusados en las directivas de la UE. Un enfoque computable del derecho procesal penal, 2022)